Gran polémica se genera hoy 1 de mayo debido a la decisión del Tribunal Superior de la Florida quien pone en marcha una estricta ley sobre la prohibición del aborto a las seis semanas de embarazo, entrando públicamente en vigor a partir de la fecha, lo cual significa que muchas clínicas que ofrecían este servicio dejarán de hacerlo, como es el caso de Planned Parenthood (PP), una de las clínicas más grandes que brinda el servicio en los Estados Unidos y quien ha comunicado que dejará de dar asistencia si la madre tiene más de seis semanas de embarazo, una vez entre en vigor la medida.
Por su parte, la Organización de Salud Sexual y Reproductiva anunció que continuará ofreciendo el servicio a los pacientes si llegan a sus instalaciones durante o antes de la sexta semana de embarazo.
Una vez emitido este comunicado, el descontento no se ha hecho esperar entre líderes de organizaciones pro-aborto, clínicas especializadas y usuarios de los sistemas de salud, ya que la Florida no solo es uno de los estados más poblados del país, sino que también se ha convertido en un punto de acceso a personas que requieren los servicios de aborto porque en sus estados hay restricciones, por ello es el estado con mayor número de abortos según estudios estadísticos del Instituto Guttmacher, organización de investigación y políticas centrada en la salud sexual y reproductiva que apoya el derecho al aborto.
Con esta ley, Florida se encuentra ahora entre los 21 estados donde existe prohibición al aborto, lo que niega a muchas mujeres el acceso a la atención médica que ellas consideran necesaria.
Durante el año pasado, se practicaron aproximadamente 7.000 abortos en Florida cada mes, y más de 9.000 personas viajaron desde otros estados para abortar allí durante el año. Así pues, de los 16 estados del sur, 9 han prohibido el aborto y solo 3 estados en esta región del país como son Delaware, Maryland y Virginia ampararán la Ley del aborto legal después del primer trimestre y Carolina del Norte con un límite de 12 semanas.
El problema aquí según la parte oponente, es que muchas mujeres a las 6 semanas no saben que están embarazadas aún, y como ha ocurrido en otros estados que han implementado leyes similares como Georgia, Carolina del sur, entre otros, ha aumentado considerablemente el número de nacimientos no deseados el siguiente año. Así que, afirman que al promover estas leyes, los políticos contribuyen al crecimiento de la crisis de salud pública de la nación ya que muchas mujeres se ven obligadas a continuar sus embarazos contra su voluntad por lo que consideran que este, entre otros, ha sido uno de los cambios políticos de mayor impacto que ha ocurrido los últimos meses y que generan daños y barreras de acceso a la comunidad.
Otro de los inconvenientes que mencionan los especialistas basándose en estadísticas de otros estados, es que el tiempo de traslado a centros hospitalarios para realizarse abortos se triplicó, es el caso de estados del sur como Luisiana y Texas donde el tiempo promedio de traslado al centro de aborto más cercano fue siete horas más tardado.
También estas prohibiciones reducen el número de proveedores hospitalarios activos en aproximadamente una décima parte por lo que todo el sector dedicado a estas intervenciones se ha fracturado, paralizando a gran cantidad de centros que permanecen en el sur.
Cabe resaltar que bajo algunas excepciones específicas se seguirá permitiendo esta práctica como casos de violación, incesto y tráfico humano pero se necesita un informe policial o una orden de la corte, también por una anomalía grabe del feto que ponga en peligro a la madre.
Alternativo a esto, la organización Floridans Protecting Freedom creó una campaña para someter a referéndum en las elecciones de noviembre una enmienda a la Constitución de Florida, que de lograr un mínimo del 60 % de votos a favor, se otorgaría el acceso al aborto sin intervenciones políticas, enmienda que significaría una esperanza para quienes sienten vulnerados sus derechos en éste ámbito. La enmienda diría: “Ninguna ley prohibirá, penalizará, retrasará o restringirá el aborto antes de la viabilidad o cuando sea necesario para proteger la salud de la paciente, según lo determine el proveedor de atención médica de la paciente. Esta enmienda no cambia la autoridad constitucional de la legislatura, para exigir la notificación a un padre o tutor antes de que una menor se someta a un aborto”.
La enmienda diría: “Ninguna ley prohibirá, penalizará, retrasará o restringirá el aborto antes de la viabilidad o cuando sea necesario para proteger la salud de la paciente, según lo determine el proveedor de atención médica de la paciente. Esta enmienda no cambia la autoridad constitucional de la legislatura, para exigir la notificación a un padre o tutor antes de que una menor se someta a un aborto”.
Redacción. Carolina Chaves Forero
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