Amnistía Venezuela 2026: Comité de Madres en Defensa de la Verdad y Surgentes presentan Ley de Amnistía (12 artículos) para libertad plena de presos políticos, exiliados y perseguidos desde 2014.
Denuncian 37 jóvenes aún presos en Tocorón, y casos en comandancias (Punto Fijo), La Guaira y Tocuyito. La propuesta pide extinción de causas penales, eliminación de antecedentes, devolución de pasaportes y fin de prohibiciones de salida. E
xcluye delitos de lesa humanidad, graves violaciones de DD.HH. y “homicidios políticos”. Plantea una Comisión Independiente de Verificación (16 miembros) con Asamblea Nacional, Ministerio Público, Defensoría, ACNUDH, universidades, iglesias, y participación de Brasil y Colombia. Las madres advierten que muchos han sido “excarcelados pero no liberados”, con medidas cautelares, silencio impuesto y presentaciones en tribunales de “terrorismo” en Caracas.
Resumen del proyecto de Ley de Amnistía (equilibrado)
El proyecto, presentado en Caracas el 27 de enero de 2026, propone una amnistía general y plena para personas investigadas, procesadas o condenadas por motivos políticos, incluyendo quienes están presos, con medidas restrictivas o en el exilio. Su ámbito temporal abarca hechos desde el 1 de febrero de 2014 hasta la publicación en Gaceta, con énfasis en detenidos por el contexto postelectoral de 2024.
La propuesta establece efectos directos: extinción de la acción penal, cierre de procedimientos administrativos y disciplinarios, anulación de confiscaciones, restitución de pasaportes, levantamiento de prohibiciones de salida, eliminación de antecedentes y garantía de non bis in idem (que no puedan reabrirles causas por los mismos hechos). Ordena a las autoridades actuar en plazos definidos, y plantea que la libertad debe ser inmediata.
Al mismo tiempo, fija exclusiones: no aplicaría a casos de lesa humanidad ni graves violaciones de derechos humanos (tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tratos crueles), ni a investigados o condenados por “homicidios políticos”. Incluye garantías de no repetición, participación de sociedad civil y el principio de acción política sin violencia.
El corazón operativo del plan es una Comisión Independiente de Verificación de 16 integrantes con presencia institucional, social y académica, además de un delegado de la ONU (ACNUDH) y representantes de Colombia y Brasil, para monitorear cumplimiento, plazos y publicar informes semestrales. Las madres sostienen que la meta es terminar con la represión y lograr “libertad plena”, no excarcelaciones condicionadas con medidas cautelares y restricciones.
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